El agotamiento del proceso administrativo en los casos de desnaturalización de contrato de locación de servicio en la sede judicial Lima - 2023

• Autor: Palomino Paquiyauri, Wilber
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/17374
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/17374
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Motivación; Motivation; Derecho administrativo; Administrative law; Procedimiento administrativo; Administrative procedure; Derecho del trabajo; Labor law; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación tuvo como objetivo general d escribir el agotamiento de la vía administrativa en los casos de desnaturalización de contrato de locación de servicio, en el distrito judicial de Lima , 2023. La metodología fue de enfoque cualitativo, tipo básica y diseño teoría fundamentada, se consideró a cinco participantes y se empleó como instrumento la guía de entrevista. En consecuencia, se concluyó que, p ara abordar la desnaturalización de un contrato de locación de servicio, es fundamental presentar una solicitud a la entidad pública dentro de los 30 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Esta so licitud debe incluir un requerimiento específico para obtener un contrato a plazo indeterminado conforme al Decreto Legislativo N . ° 276. Este paso es crucial para completar el proceso administrativo y recibir una resolución final, lo cual es un requisito previo para iniciar un proceso contencioso administrativo. No agotar este proceso puede resultar en la declaración de improcedencia o inadmisibilidad de la demanda en el ámbito contencioso, ya que la entidad pública puede alegar la falta de agotamiento del proceso administrativo como defensa. Es importante mencionar que los recursos administrativos de reconsideración y apelación juegan un papel relevante. El recurso de reconsideración permite la incorporación de nuevos medios probatorios, mientras que la apelación es para impugnar el acto administrativo. Ambos deben presentarse dentro d e 15 días hábiles y la entidad tiene un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse. Si no se cumple con este plazo, el locador puede interponer una queja por defecto de tramitación, un recurso que aborda el incumplimiento de plazos y deberes administrativos.