Análisis del derecho fundamental a la propiedad en el Perú

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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar si el derecho fundamental a la propiedad se encuentra amenazado frente al proceso de extinción de dominio en el Perú. Se planteó como hipótesis general que el derecho fundamental a la propiedad se encuentra amenazado frente al proceso de...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Caceres Quispe, Gonzalo Ricardo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Andina del Cusco
Repositorio:UAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/6099
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12557/6099
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Extinción de dominio
Derecho a la propiedad
Confiscación
Salvaguardias procesales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La presente investigación tuvo como objetivo general analizar si el derecho fundamental a la propiedad se encuentra amenazado frente al proceso de extinción de dominio en el Perú. Se planteó como hipótesis general que el derecho fundamental a la propiedad se encuentra amenazado frente al proceso de extinción de dominio en el Perú. En el marco teórico se desarrolló y analizó el derecho fundamental a la propiedad frente al proceso de extinción de dominio en el Perú. La investigación posee un enfoque cualitativo y los resultados se discutieron mediante argumentación jurídica respaldada por los datos teóricos. Las hipótesis fueron validadas, llegando a la conclusión de que, el proceso de extinción de dominio en el Perú plantea legitimas preocupaciones en relación al derecho fundamental a la propiedad, ya que si bien busca combatir actividades delictivas y el lavado de activos, la aplicación de este proceso puede implicar desafíos en términos de respetar los derechos individuales de propiedad. La confiscación de bienes en casos de presunta vinculación con actividades ilícitas plantea la posibilidad de afectar a personas o entidades que no estén involucradas directamente en actos criminales. La recomendación principal se dirige al Poder Legislativo para que se regulen salvaguardias procesales sólidas que protejan los derechos individuales. Estas medidas pueden incluir la implementación de una revisión judicial independiente y transparente en el proceso de extinción de dominio, donde se verifique la proporcionalidad y la relación causal entre los bienes y las actividades ilícitas. Además, se deben proporcionar vías claras y efectivas de recurso para aquellos cuyos bienes sean objeto de confiscación, permitiendo una defensa adecuada. La comunicación y coordinación efectivas entre las autoridades encargadas de los procesos penales y de extinción de dominio también son esenciales para prevenir contradicciones y asegurar una aplicación coherente de la ley.
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