La vía notarial como alternativa de solución a la problemática del proceso judicial de desalojo en el Perú

• Autor: Moreano Panti, Lumi Marilia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
• Repositorio: UNSAAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/9807
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12918/9807
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Contrato; Arrendamiento; Desalojo; Notario; Derecho de propiedad; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Actualmente existen diferentes procesos de desalojo regulados por nuestro ordenamiento jurídico, esto es, lo regulado en el Código Civil, la Ley Nº 30201, el Decreto Legislativo N.º 1177 y la Ley Nº 30933. Sin embargo, a pesar del notable desarrollo que ha existido, aún no se logran resultados óptimos. La investigación tuvo como objetivo explicar por qué la vía notarial resulta ser la más idónea para afrontar el problema del desalojo en el Perú, identificando las deficiencias que se presentan en el proceso judicial, las dificultades para el propietario en el proceso judicial de desalojo en la que su derecho de propiedad se ve vulnerado por el derecho de posesión, analizando además las vías de desalojo que regula el derecho comparado. La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo, y para la recolección de datos se utilizó la técnica del fichaje; la técnica de la encuesta dirigida a propietarios, y entrevista a profesionales expertos (jueces, notarios y abogados). Con todo ello, se llegó a la conclusión de que el proceso de desalojo con intervención notarial contiene requisitos precisos que ayudan a determinar la causal de desalojo, y además de ser más rápida en comparación con los demás procesos, brinda mayor seguridad jurídica, puesto que no permite otra contradicción que no sea la de haber pagado la merced conductiva o demostrar la vigencia del contrato. A razón de encontrar una solución al problema expuesto, se determinó que, al existir una amplitud de procesos de desalojo, cada uno con características diferentes tanto en la formalidad del contrato de arrendamiento como en el propio proceso,