El principio de proporcionalidad y la legitimación de las instituciones penales en los delitos del crimen organizado en el Perú

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo por finalidad analizar la relación que existe entre el principio de proporcionalidad y la legitimación de las instituciones penales en los delitos del crimen organizado en el Perú, para lo cual se desarrolló una investigación básica, no experimental, longitudinal y exp...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Alvarado Bustos, Johny Antonio
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Repositorio:UNASAM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:172.16.0.151:UNASAM/4582
Enlace del recurso:http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4582
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Principio de proporcionalidad
Derecho penal de enemigo
Política criminal
Crimen organizado
Legislación penal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:La presente investigación tuvo por finalidad analizar la relación que existe entre el principio de proporcionalidad y la legitimación de las instituciones penales en los delitos del crimen organizado en el Perú, para lo cual se desarrolló una investigación básica, no experimental, longitudinal y explicativa. Por la naturaleza de la investigación se empleó la técnica documental y análisis de contenido para el recojo de información y la técnica del análisis cualitativo y la argumentación jurídica para la discusión y validación de la hipótesis. Se obtuvo como resultado la operatividad del principio de proporcionalidad tiene un rico terreno para ser desplegada, y por ende, tener plena vigencia, tal como se manifiesta en el ámbito de la proporcionalidad abstracta. Esto se refuerza con la idea de que ninguna actividad del juez, ni siquiera una que se califica como de discrecionalidad, debería desplegarse prescindiendo de los criterios que se expliciten expresamente en la ley, ni de las finalidades de la norma penal, ni de la observancia de los principios y criterios que de racionalización del ejercicio del ius puniendi. Concluyendo que La intervención penal puede y debe producirse con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de las garantías y principios penales liberales consagrados, cuya observancia se pretende muchas veces eludir por imperativos de un supuesto incremento de la eficacia en la lucha contra el crimen y delincuencia organizada; y no solo considerar un fuerte sentimiento de inseguridad y desprotección por parte de la sociedad que suscitan
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