Actuación probatoria en las actuaciones de garantía constitucional

• Autor: Espinoza Burgos, María Carolina
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/1924
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/1924
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tutela Judicial Efectiva; Debido Proceso; Proceso Constitucional; Actividad Probatoria; Derecho A La Prueba; Derecho

El presente trabajo investigativo, tiene por finalidad exponer la situación real de la actividad probatoria dentro del contexto jurídico-social del nuevo Estado Constitucional de Derecho y justicia social. Tanto más si consideramos la prueba, tiene en el área procesal constitucional una magna importancia y eterna actualidad en los temas jurídicos, por su real valía al momento de dictar sentencia. Pues se debe considerar que el sistema probatorio adoptado, en el proceso constitucional, actualmente constituye un termómetro del nivel de desarrollo democrático de una concreta comunidad. La prueba sigue constituyendo la fuente decidora de la verdad de los hechos, razón por la cual, su incidencia e importancia resultan innegable e incuestionable, más aún, dentro del actual Estado Constitucional de Derechos y justicia social, que de manera ardua y directa abraza el garantismo neoconstitucional, como el escudo protector ante cualquier arbitrariedad, sea que emane de los operadores de justicia o del mismo Estado. La relación entre proceso probatorio y sistema constitucional excepcionalmente se observa como los principios básicos que inspiran la justicia penal, obtienen una referencia clara en la Constitución de la República de tono esencialmente garantista. Razón por la cual resulta apremiante conocer cómo se desarrolla la actividad probatoria y qué innovaciones se deben desarrollar al respecto. Por lo manifestado, a través de la presente investigación propongo la edificación de una política constitucional que enrumbe a los administradores judiciales a desarrollar a la luz del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, la actividad probatoria.