Las diligencias preliminares a cargo de la policía nacional del Perú frente a las funciones del ministerio publico

• Autor: Jordán Holmos, Ademir Jeanpierre
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/11877
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/11877
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procesos jurídicos y resolución de conflictos; Ministerio Público; Policía Nacional del Perú; Diligencias preliminares; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Objetivo: Determinar si es incompatible la nueva facultad otorgada a la Policía Nacional del Perú para hacerse cargo de las diligencias preliminares a través de la Ley Nro. 32130, frente a la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público como director de la investigación desde su inicio. Método: Se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico y tipo aplicado. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a seis especialistas en derecho penal, constitucional y procesal penal, y se realizó una triangulación de datos entre los testimonios recogidos, la normativa vigente y estudios académicos previos. Resultados: Los hallazgos muestran que los entrevistados identifican una tensión entre la ley y el artículo 159.4 de la Constitución, señalando que la norma permite un desplazamiento del Ministerio Público sin establecer límites claros, lo que podría vulnerar la garantía de imparcialidad. Asimismo, se destaca que, si el fiscal opta por no abrir diligencias en sede policial, se mantiene en ejercicio de su competencia constitucional, aunque esto puede generar impactos en la eficacia de la persecución penal. Se identificaron además divergencias en torno a los efectos prácticos de la ley según el tipo de delito y la confianza institucional en la Policía. Conclusiones: La Ley N.º 32130 presenta aspectos problemáticos en su compatibilidad constitucional al debilitar el rol del fiscal como director de la investigación penal. Se requiere una reforma legal que aclare los márgenes de actuación de cada institución, resguardando la supremacía constitucional y los derechos fundamentales involucrados.