El principio de solidaridad en la doctrina del constitucionalismo social en la carta política de 1993

Descripción del Articulo

La investigación jurídica titulada: “El principio de solidaridad en la doctrina del constitucionalismo social en la Carta Política de 1993”, tiene por finalidad realizar el análisis doctrinario y el examen crítico y evaluativo del principio de solidaridad social en la Constitución vigente, para pond...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Chávez García, Jenny Nora
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional Federico Villarreal
Repositorio:UNFV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/4473
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13084/4473
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Constitución Política
Derechos fundamentales
Derechos humanos
Derechos implícitos
Derechos prestacionales
Derechos constitucionales
Estado social
doctrina jurisprudencial
Hermenéutica
Principios jurídicos
Supremacía constitucional
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La investigación jurídica titulada: “El principio de solidaridad en la doctrina del constitucionalismo social en la Carta Política de 1993”, tiene por finalidad realizar el análisis doctrinario y el examen crítico y evaluativo del principio de solidaridad social en la Constitución vigente, para ponderar su influencia, como pauta hermenéutica para optimizar la protección de los derechos constitucionales de segunda generación en el Estado social y democrático, en la época de la supremacía de la Constitución y el paradigma de los Derechos humanos. La cuestión fundamental sub exámine es determinar la importancia de la doctrina del constitucionalismo social en la génesis y desarrollo del Estado Social y del principio de solidaridad y su influencia en el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos sociales y económicos, que se fundan en la dignidad en su dimensión de “vida digna”, que hace referencia a la satisfacción plena de sus derechos de prestación, para asegurar el desarrollo de la persona, dentro del marco jurídico y político del Estado social y democrático, en el que el Estado asume un rol promotor para asegurar a la población los servicios básicos y su compromiso de remover los obstáculos para garantizar el ejercicio real de los derechos de segunda generación, que la Constitución consagra como derechos fundamentales de la persona.
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