Informe sobre Expediente N°008-2010/CLC, procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Boticas Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruanas S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C., por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios a nivel nacional

• Autor: Márquez Rojas, Pedro Alejandro
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/180024
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/20089
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Libre competencia--Legislación; Libre competencia--Control de precios; Farmacias--Control de precios; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C, por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios de venta, a nivel nacional, en el periodo 2008-2009. Al respecto, el presente trabajo hace uso de categorías e instituciones propias del Derecho Administrativo, así como de otras ramas del Derecho, como el Derecho Constitucional, con el fin de determinar (i) si es posible atribuir responsabilidad administrativa a cualquier agente económico interviniente en una fijación concertada de precios, (ii) si se ha vulnerado el derecho de defensa de los administrados y (iii) si es factible la aplicación de las categorías jurídicas de “facilitador” o “intermediario”. Ulteriormente, los resultados de la presente investigación permiten constatar: primero, que se puede atribuir responsabilidad a cualquier agente económico competidor que haya participado en una práctica colusoria horizontal. Segundo, se han garantizado, desde la notificación inicial hasta la emisión del acto administrativo, el principio de contradicción y el principio de interdicción de la indefensión, contenido del derecho de defensa, de las cadenas farmacéuticas. Tercero, conforme a los principios de tipicidad y de irretroactividad, no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa a ningún agente económico que haya participado como facilitador o intermediario.