Análisis de la concurrencia entre las actividades de distribución de gas natural por ductos y comercialización de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuefactado (GNL) en el interior del país y su compatibilidad con la política energética de masificación

• Autor: Olazábal Sánchez, César
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/170190
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/16157
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Industria del gas--Perú; Gas natural comprimido--Perú; Gas natural licuado--Perú; Política energética--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00

El presente trabajo tiene como objeto analizar la existencia de un eventual problema respecto a la sostenibilidad de las concesiones de distribución de gas natural por ductos en el interior del país – como es el caso de las concesiones norte y suroeste – derivada de la concurrencia de la actividad de comercialización de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuefactado (GNL) en el segmento industrial en las áreas concesionadas. Al respecto, la política energética del país tiene como uno de sus objetivos principales lograr la masificación del gas natural en los distintos sectores de consumo y principalmente en el sector residencial, lo cual solo puede darse mediante el desarrollo de infraestructura de redes de transporte y distribución, ya que si bien la comercialización de GNC o GNL permite suplir el acceso al gas natural de consumidores que se encuentran alejados de las redes de distribución, el acceso a esta clase de suministro no resulta viable para los consumidores residenciales. En ese sentido, del análisis de las condiciones bajo las cuales se desenvuelve la concurrencia entre ambas actividades, se desprende que las concesiones de distribución del norte y suroeste, enfrentarían una estructura de costos mayor a la de los comercializadores, debido a que no se encuentran integradas a una red de transporte; lo que, aunado a determinadas restricciones regulatorias de carácter comercial establecidas a la actividad de distribución por su calidad de monopolio natural, impediría que los concesionarios puedan competir de manera efectiva con los comercializadores en el mercado disputado. Bajo este contexto, la concurrencia entre estas actividades en el interior del país bajo las condiciones indicadas podría afectar la sostenibilidad de las concesiones de distribución, ya que estas dependen en gran medida de la demanda industrial disputada por los comercializadores; lo cual en última instancia podría perjudicar el desarrollo de las redes de distribución para el acceso al suministro de este recurso en el área de la concesión, afectando con mayor impacto a los consumidores residenciales. En ese sentido, se analizaron medidas de política regulatoria que permitan limitar los eventuales efectos negativos de dicha concurrencia, concluyéndose en primer lugar que para cualquier efecto se requiere un análisis de competitividad del precio final del gas natural suministrado por el distribuidor respecto al GNC y GNL. En segundo lugar, en el caso de las concesiones del norte y suroeste, los concesionarios asumieron todos los riesgos derivados de la concurrencia de los comercializadores, por lo que la adopción de medidas restrictivas a dicha concurrencia no resulta viable en términos de eficiencia, así como por razones legales derivadas del régimen contractual. No obstante, sí se considera viable que luego de concluido el primer periodo tarifario contractual – siempre y cuando el análisis de competitividad resulte negativo – el Estado pueda otorgar subsidios a la inversión en infraestructura requerida, a fin de evitar que el concesionario limite los planes de inversión para ampliar la cobertura de la red. Finalmente, en el caso de los nuevos contratos de concesión que se celebren para la distribución de gas natural en el interior del país, dependiendo del resultado del análisis de competitividad del precio final, el Estado puede optar por establecer mecanismos contractuales de garantía de demanda mínima u otorgar subsidios directos a la inversión; como se viene haciendo, en este último caso, en el diseño del proyecto Siete Regiones.