Informe Jurídico sobre Sentencia 500/2021

• Autor: Rengifo Cárdenas, Sally Alexandra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204499
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204499
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Niños--Derechos--Perú; Libre empresa--Perú; Libertad de contratación--Perú; Derechos fundamentales--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El problema principal del caso Vilela Huamán vs. Institución Educativa Privada Manuel Pardo radica en determinar si resulta constitucionalmente legítimo que una institución educativa privada condicione la continuidad del servicio educativo al pago de deudas, incluso cuando ello implique afectar el derecho a la educación de una menor en etapa escolar obligatoria. El análisis se basa en la interpretación de los artículos 13, 59 y 62 de la Constitución Política del Perú, en relación con los estándares desarrollados por el Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales. También se recurre a doctrina especializada y normativa internacional, a fin de aplicar un test de proporcionalidad que permita evaluar la constitucionalidad de la actuación privada frente a derechos fundamentales, en especial en lo relativo a la libertad contractual y el derecho a la educación. Asimismo, se analiza la competencia y el accionar de la UGEL y la Defensoría del Pueblo, evaluando sus reglamentos y normativas que los facultan para supervisar, intervenir o emitir recomendaciones ante situaciones que ponen en riesgo el acceso y la continuidad educativa de menores, considerando su papel como garantes del cumplimiento de los derechos fundamentales en el ámbito educativo. Como conclusión principal, se sostiene que, si bien los colegios privados gozan de libertad contractual y empresarial, esta no puede ejercerse de forma que vulnere el contenido esencial del derecho a la educación ni el interés superior del niño. En contextos de deuda, deben priorizarse mecanismos menos lesivos que garanticen la continuidad del servicio educativo.