Informe jurídico sobre la Resolución del Tribunal Constitucional N° 03525-2021-PA/TC

• Autor: Aiquipa Meza, Gabriela Bertha
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204594
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204594
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mora (Derecho)--Perú; Administración tributaria-Perú; Administración pública--Perú; Derecho constitucional--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico analizará la controversia respecto al cobro de intereses moratorios por parte de la administración tributaria en los casos en que el Estado exceda el plazo legal para resolver recursos administrativos. Tal análisis partirá de la resolución de sentencia del Exp. N° 03525-2021-PA/TC, conocida como el Caso Maxco, en el cual se evalúa cómo el Tribunal Fiscal demoró más allá del plazo legalmente establecido para resolver una apelación, mientras la SUNAT continuó computando intereses moratorios, lo cual generó una carga económica excesiva que llegó a contraponerse con derechos fundamentales del contribuyente y principios constitucionales. El análisis se fundamenta en instrumentos normativos como la Constitución Política del Perú, así como los arts. 33 y 150 del Código Tributario, que regulan el cómputo de intereses y los plazos para resolver recursos administrativos. Asimismo, se recurrirá a doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional para abordar las figuras jurídicas relevantes del caso. Siendo así, se concluirá la inconstitucionalidad del cobro de intereses moratorios por períodos atribuibles a la inacción estatal, en este caso el Tribunal Fiscal, dado que vulneran derechos fundamentales como el de petición y propiedad. En ese sentido, el precedente vinculante que el Pleno del Tribunal Constitucional establece en la sentencia del Caso Maxco representa un sustancial avance en la tutela de los derechos de los contribuyentes ante prácticas desproporcionadas de la administración pública, la cual debe obrar dentro de los límites que establece el Estado de Derecho y buen gobierno.