La inaplicación del principio de confianza legítima del Indecopi en las resoluciones de productos alimentarios envasado

Descripción del Articulo

Los principios generales del Derecho Administrativo son enunciados normativos que forman la base para la aplicación e interpretación del Derecho, mediante estos se dirige el poder de las entidades en miras del respeto por los derechos de los administrados, En ese sentido, la aplicación de estos prin...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Huaroto Gutiérrez, Katherine
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/199062
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/27435
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú)
Derecho administrativo--Perú
Alimentos--Envasado--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:Los principios generales del Derecho Administrativo son enunciados normativos que forman la base para la aplicación e interpretación del Derecho, mediante estos se dirige el poder de las entidades en miras del respeto por los derechos de los administrados, En ese sentido, la aplicación de estos principios en el Derecho es esencial. No obstante, se ha verificado que en diversos pronunciamientos del Indecopi se estaría inaplicando el Principio de Confianza Legítima, el mismo que brinda un valor legal a las expectativas objetivas generadas del administrado, lo cual causaría inseguridad jurídica. En el presente artículo voy a realizar un análisis sobre el problema mencionado, estudiando al principio en sí, sus fundamentos e importancia, la normativa vigente aplicable. Además, voy a analizar algunas resoluciones del Indecopi, sobre productos alimenticios envasados, en las que desconoce las competencias de una entidad sectorial competente al no tomar en cuenta los títulos habilitantes que esta emite causando así, inseguridad jurídica a los administrados que se ven confundidos al tener dos opiniones distintas de dos entidades de la Administración Pública. Finalmente, en la parte final de este artículo se propone una posible solución al problema identificado, la cual busca definir las competencias de las dos entidades en base a los objetos jurídicos que cada una protege, poniendo límites sus actuaciones de acuerdo a dichas competencias.
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