Informe jurídico sobre la Resolución N° 000098-2024- CG/TSRA-SALA 1. Los límites de la potestad sancionadora administrativa: la prueba del beneficio al tercero como requisito esencial en la responsabilidad funcional

• Autor: Aguilar Chacón, Carlos Abraham
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204650
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204650
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sanciones administrativas--Jurisprudencia--Perú; Contratos públicos--Perú; Responsabilidad administrativa--Perú; Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe analiza la Resolución N.° 000098-2024-CG/TSRA-SALA1, mediante la cual el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) revocó la sanción impuesta a dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo: Luis Gustavo Vela Requejo, como Gerente de Desarrollo Urbano, y Mario Oswaldo Nieto Rosado como Jefe de la Unidad de Logística, quienes habían sido acusados de generar un beneficio indebido al contratista al tramitar un adelanto de materiales para una obra pública. El trabajo parte del problema principal de determinar si es jurídicamente válida una sanción administrativa funcional cuando no se ha acreditado el beneficio indebido a un tercero como consecuencia directa de la actuación del funcionario. Para ello, se abordan problemas secundarios relacionados con la motivación de las resoluciones, el debido procedimiento, la prueba del beneficio y la necesidad de un nexo causal funcional. A través del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, se concluye que la potestad sancionadora exige la acreditación objetiva y concreta del beneficio indebido, así como la existencia de una intervención funcional determinante. Se destaca la importancia de respetar principios como la tipicidad, la culpabilidad y la imputación objetiva, esenciales en el derecho administrativo sancionador. Finalmente, se reafirma que el fallo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas resulta correcto y acorde a un modelo garantista, reforzando el principio de buen gobierno y la seguridad jurídica de los funcionarios públicos.