Alcances y limitaciones de los mecanismos de coordinación gubernamental en la política anticorrupción: el caso de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción en Sunat

• Autor: Chiroque Ruiz, Christian
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/132949
• Enlace del recurso: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/132949; https://doi.org/10.18800/rcpg.201702.005
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mecanismos de Coordinación Gubernamental; Política Anticorrupción; Riesgo de Corrupción; Aduanas; Sunat; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00

Desde mediados del año 2000, salió a la luz una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado en la década de 1990, lo que generó el surgimiento de una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Durante ese periodo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fue una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción, asimismo se ha constituido como una entidad con alto riesgo en la incidencia de casos de corrupción hasta la actualidad. Por ello, desde 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la institución. El presente artículo tiene como objetivo identificar los mecanismos de coordinación gubernamental usados en la implementación de políticas anticorrupción dentro de la Sunat, durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se busca describir cuáles fueron las principales limitaciones que se presentaron durante dicho proceso. Según los resultados de la investigación, entre las principales limitaciones se encuentran: (i) la influencia política de la alta dirección durante la investigación de casos de corrupción, (ii) el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, (iii) vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI), (iv) ineficientes sistemas de identificación de riesgos de corrupción, (v) desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política, (vi) así como limitados recursos logísticos y presupuestales.