Informe jurídico sobre la resolución recaída en la Casación N° 21463-2022-Lima

• Autor: Molero Valverde, Cristofher Carlos
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204399
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204399
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (Perú); Sistema Privado de Pensiones (Perú); Empleados -- Despido--Legislación--Perú--Lima; Derecho laboral--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico analiza la Casación Laboral N° 21463-2022-LIMA, que resuelve la controversia sobre el despido de una trabajadora de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La sanción fue impuesta tras verificarse que la empleada accedió, de forma deliberada, sistemática y no autorizada, a la base de datos del Sistema Privado de Pensiones para consultar información personal y sensible de sus compañeros de trabajo. Si bien la SBS calificó esta conducta como una falta grave que quebrantaba la buena fe laboral, las instancias judiciales superiores consideraron el despido como una medida desproporcionada, principalmente por la ausencia de antecedentes disciplinarios y por la falta de un daño material posterior demostrable. Este trabajo sostiene una posición crítica frente al fallo de la Corte, argumentando que la sanción de despido sí fue proporcional y razonable. El análisis se desarrolla a través de una interpretación de la Constitución Política del Perú, el TUO del Decreto Legislativo N° 728 (LPCL) y la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). Se profundiza en que la vulneración de un derecho fundamental constituye, por sí misma, una falta de máxima gravedad que hace insostenible la continuidad del vínculo laboral, sin necesidad de un perjuicio adicional. Se concluye que el razonamiento judicial, al minimizar la gravedad intrínseca del acto y aplicar de forma laxa los atenuantes, sienta un precedente que debilita la capacidad del empleador para proteger bienes jurídicos esenciales.