El informe técnico en los delitos ambientales y la afectación del debido proceso en el marco del nuevo código procesal penal

• Autor: Ramos Pacompia, Octavio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2013
• Institución: Universidad Nacional Del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/379
• Enlace del recurso: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/379
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho; Derecho Penal

La Investigación "EL INFORME TÉCNICO EN LOS DELITOS AMBIENTALES Y LA AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL", tema que ha sido concebido para el estudio de La Ley General del Ambiente y su implicancia en el modelo procesal penal adoptado por nuestro país, los problemas que genera la regulación legal del numeral 1 del artículo 149 de la LGA en cuanto a afectación del debido proceso y la búsqueda de la solución, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos analizar cómo está regulado el numeral 1 del artículo 149 de la Ley General del Ambiente en relación al Código Procesal Penal, establecer de que forma afecta al debido proceso en el tratamiento de los delitos ambientales e identificar los criterios de una fórmula legal que supere la deficiente regulación actual del numeral 1 del artículo 149 de la LGA. Por la metodología de investigación realizada (investigación mixta, predominantemente cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y su perspectiva. Con los resultados alcanzados se convierte en un tema bastante polémico dentro del Derecho Procesal Penal; pues si bien es cierto el nuevo Código Proceso Penal impulsa sus bases en la celeridad procesal; sin embargo, dicho objetivo no puede conseguirse a costas de la vulneración de principios rectores del proceso penal como es el debido proceso, por lo tanto no se puede aceptar que el Estado a través de sus órganos de administración de justicia efectúen abusos de derecho en la tramitación de proceso penales.