Expropiacion indirecta en sentencias del tribunal constitucional sobre procesos de planificacion urbana municipal

• Autor: Ramos Figueroa, Sandra Stheysi
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional Del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/19018
• Enlace del recurso: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19018
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Administración Pública; Constitución; Derecho a la propiedad; Debido proceso; Expropiaciones indirecta; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Desde el 2008 se ha incrementado casos judiciales en el Tribunal Constitucional del Perú sobre expropiación indirecta por vulneración al derecho de propiedad y debido proceso cuando se ejecuta el plan urbano municipal, pues limita en su totalidad la propiedad privada o disminuye en gran medida su valor económico sin que exista indemnización, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución. Entonces, ¿Cómo la Administración Pública puede garantizar las expropiaciones indirectas licitas con un acto administrativo ablatorio para ejecutar un plan urbano municipal según los pronunciamientos del Tribunal Constitucional? Teniendo como objetivo Analizar cómo la Administración Pública puede garantizar las expropiaciones indirectas licitas con un acto administrativo ablatorio para ejecutar un plan urbano municipal según los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. A través de una investigación cualitativa, aplicando el método Analítico y Teoría Fundamentada a 20 sentencias del Tribunal Constitucional procesadas con Atlasti.9. Resultando que, las Municipalidades actúan con arbitrariedad al no salvaguardar el derecho humano de la propiedad que tiene los propietarios, porque no reconocen a las expropiaciones indirectas dentro de sus facultades antes de ejecutar el plan urbano. Concluyéndose que, las Muncipalidades deben reconocer a las expropiaciones indirectas licitas dentro de su potestad de planificación urbana por medio de una Ordenanza Municipal ablatoria que ordene un debido proceso expropiatorio y pago indemnizatorio, a través de una modificación total al artículo 95 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial donde no se exija una ley emitida por el Congreso para iniciar un proceso expropiatorio con fines urbanos.