Manifestación del derecho penal del enemigo en los delitos de tráfico ilícito de drogas en el Perú tipificados en los artículos 296° y 297° del Código Penal

• Autor: Vilca Gonzales, Amador Antonio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/22637
• Enlace del recurso: https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/22637
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho penal del enemigo; Estado de derecho; Penas; Persona; Tráfico ilícito de drogas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El estudio de investigación se enfoca en realizar un análisis e interpretar teorías, doctrina, jurisprudencia y normatividad para tratar el derecho penal del enemigo y su manifestación en los delitos de tráfico ilícito de drogas en nuestro ordenamiento jurídico peruano; los objetivos son analizar cómo se manifiesta el derecho penal del enemigo, conocer cuál es el tratamiento legislativo jurisprudencial y analizar si se puede proponer la aceptación y aplicación del derecho penal del enemigo en el sistema jurídico peruano en los delitos de tráfico ilícito de drogas; la metodología de investigación es de enfoque cualitativo y con un diseño dogmático jurídico social; los resultados son: (i) El derecho penal del enemigo en los delitos de tráfico ilícito de drogas tipificados en los artículos 296° y 297° del Código Penal peruano se manifiesta con el adelantamiento de las penas, aumento de la punibilidad, restricción de las garantías del proceso, no se respeta la presunción de inocencia con la prisión preventiva, con la habitualidad y la reincidencia. (ii) No existe un tratamiento legal ni jurisprudencial del derecho penal del enemigo reconocido en nuestro ordenamiento jurídico peruano. (iii) No se podría proponer la aceptación o aplicación del derecho penal del enemigo en el sistema jurídico peruano; la conclusión es que el derecho penal del enemigo no es compatible con un Estado constitucional democrático de derecho como el nuestro, mucho menos aceptado, sin embargo, se muestra disfrazado, mediante leyes, decretos y reformas que asientan claramente a esta tendencia.