Prácticas e interpretaciones legales en las resoluciones de reclamos por calidad, emitidas por las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones que fueron impugnadas ante el TRASU del OSIPTEL

• Autor: Ccallo Chavez, Jhonn Yehefer
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/22894
• Enlace del recurso: https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/22894
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Calidad; Empresa operadora; Reclamos; Usuario; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo se lleva a cabo la motivación en las resoluciones de reclamos por calidad en la prestación de servicios por parte de las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que fueron apeladas ante el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) del OSIPTEL. Metodológicamente, se empleó un enfoque cualitativo de tipo básico, con un diseño dogmático jurídico y fundamentado en la teoría, a nivel descriptivo-analítico. La población y muestra del estudio incluyeron 40 resoluciones de reclamos. Los resultados de la investigación concluyen que el TRASU del OSIPTEL cumple con lo establecido en el artículo 33 del TUO del Reglamento de Reclamos. Las resoluciones emitidas en segunda instancia están debidamente motivadas, ya que toman en cuenta los hechos más importantes y los vinculan con los medios de prueba presentados por las empresas operadoras. En contraste, las resoluciones emitidas por las empresas operadoras en primera instancia muestran deficiencias significativas en su motivación. Se observó que las decisiones en los reclamos de calidad se toman sin una verificación adecuada de los hechos y sin la actuación de medios de prueba, lo que resulta en una falta de justificación interna y externa y en un razonamiento lógico insuficiente. Esto conlleva a la vulneración del derecho a obtener una resolución debidamente motivada, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, y genera una carga procesal adicional para el TRASU, ya que los reclamantes, al considerar que no se ha cumplido con el debido procedimiento, recurren a impugnar las decisiones de primera instancia.