Consecuencias de la regulación de la no improcedencia liminar en los procesos constitucionales de hábeas corpus, distrito judicial de Apurímac, 2021

• Autor: Torre Ccopa, Luis Carlos
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/24987
• Enlace del recurso: https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/24987
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Modificatoria normativa; No improcedencia liminar; Órgano jurisdiccional; Proceso constitucional; Proceso constitucional de habeas corpus; Palabra; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En la presente investigación se planteó como problema de investigación el desarrollo de las consecuencias jurídicas que trajo consigo la modificatoria del Código Procesal Constitucional, señalándose las dificultades que traerá en la tramitación de los procesos de habeas corpus. Se conllevó como objetivo general determinar las consecuencias jurídicas de la regulación de la no improcedencia liminar en los procesos constitucionales de habeas corpus. La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo, de nivel descripción y de diseño no experimental; se empleó como técnicas e instrumentos a la entrevista y al análisis documental, teniendo como muestra de estudio a 06 Especialistas en materia constitucional y el análisis de 10 expedientes respecto a los procesos de habeas corpus. De los resultados se obtuvo que, la limitación de la improcedencia liminar no resulta ser un mecanismo eficaz, ya que no beneficia ni al proceso ni al beneficiario al restringir su declaración, y que, la aplicación del rechazo liminar puede contribuir a agilizar el proceso judicial al reducir trámites superfluos, aliviar la sobrecarga procesal y permitir que otros casos obtengan una resolución más pronta. Por lo que se concluyó que, la improcedencia liminar en los procesos constitucionales de habeas corpus, su correcta aplicación no solo garantiza la eficacia del sistema judicial, sino también la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas.