Informe sobre expediente de relevancia jurídica N°2002-093-06-0101-JX-01-C (E-2575), demanda de indemnización de Giovanna Quiroz contra Minera Yanacocha S.R.L, RAMSA S.A. y Arturo Blanco Bar

• Autor: Pajares Camacho, Adrian Enrique
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/22681
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/22681
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad extracontractual; Tutela jurisdiccional; Medio ambiente; Mercurio--Aspectos ambientales--Perú--Cajamarca--Choropampa; Perú. Corte Suprema de Justicia--Sentencias; Daños y perjuicios; Indemnización; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

A través del presente informe jurídico se analiza el Expediente No. 2002-093-06-0101- JX-01-C (E-2575), correspondiente al proceso judicial iniciado por Giovanna Angélica Quiroz a título propio y en representación de sus tres menores hijos, en contra de Minera Yanacocha S.R.L., Ramsa S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, mediante la cual pretendieron una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ocasionados a causa del derramamiento de mercurio en el centro poblado Choropampa el 2 de junio del año 2000. El objetivo del informe radica en advertir una serie de aplicaciones e interpretaciones de normas materiales y adjetivas realizadas por la Corte Suprema de Justicia e instancias de mérito que, a nuestro entender, resultan indebidas e incorrectas, las cuales están referidas a los siguientes tópicos: (i) la legitimidad para obrar para solicitar tutela jurisdiccional en defensa del medio ambiente, (ii) la posibilidad de plantear excepciones procesales sustentadas en transacciones extrajudiciales no homologadas, y (iii) el análisis de validez de transacciones extrajudiciales celebradas entre las partes del proceso. Las conclusionesa la que se arriban son principalmente las siguientes: (i) toda persona natural tiene legitimidad para interponer demandas en tutela del medio ambiente, (ii) no cabe oponerla transacción extrajudicial no homologada judicialmente como excepción procesal y, (iii) las transacciones celebradas entre las partes adolecen de vicios de validez por ir en contra de las buenas costumbres.