Justificación conceptual y jurídica del concepto de servicio público social en el ordenamiento jurídico peruano

• Autor: Ala Pacca, Miguel Ángel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30808
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30808
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Servicios públicos--Legislación--Perú; Derecho administrativo--Legislación--Perú; Estado de bienestar; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el Perú, existe consenso sobre la distinción jurídico-administrativa entre servicios públicos económicos y servicios públicos sociales. El artículo 58 de la Constitución Política de 1993 diferencia explícitamente entre “servicios públicos” y servicios como salud y educación. Asimismo, la doctrina reconoce esta diferencia. Sin embargo, ni la normativa ni la doctrina han caracterizado en profundidad la noción de servicio público social, a diferencia de los servicios públicos económicos. Este trabajo busca identificar las bases teóricas, constitucionales y legales que sustentan el concepto jurídico de servicio público social como una noción diferenciada de los servicios públicos económicos. Esta diferenciación permitirá establecer un marco jurídico más claro que delimite las competencias de la Administración Pública en cuanto a su actuación prestacional que demanda la tutela y satisfacción de los derechos sociales. Como principales hallazgos, sostenemos que, en virtud de los mandatos vinculantes de la cláusula de Estado Social, el servicio público social tiene como finalidad principal corregir las desigualdades estructurales de las poblaciones vulnerables, promoviendo la igualdad material y la maximización del ejercicio de la libertad. Asimismo, esto implica el tránsito hacia un enfoque prestacional de la Administración Pública que trasciende las intervenciones clásicas limitativas de derechos. Por último, para operativizar y caracterizar este concepto se debe tener en cuenta la estrecha vinculación e interacción dinámica, flexible y complementaria entre los principios de subsidiariedad, solidaridad y responsabilidad pública.