Análisis del delito de extorsión frente al derecho a la protesta

• Autor: Dionicio Santos, Miguel Nelson
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30964
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30964
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Extorsión; Movimientos de protesta--Aspectos legales; Derecho de reunión; Derechos fundamentales--Perú; Derecho penal--Legislación--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El problema principal de la presente es el siguiente: ¿cómo el delito de extorsión se aplica frente a las protestas con legítimas demandas ciudadanas?, siendo su objetivo principal: determinar cómo el delito de extorsión se aplica frente a las protestas con legítimas demandas ciudadanas. Asimismo la hipótesis principal es la siguiente: la motivación para la tipificación del delito de extorsión especial en el artículo 200.3 del Código Penal es la persecución y la criminalización de la protesta socio – ambiental, teniendo como herramienta fundamental la fuerza física policial y los operadores judiciales, quienes consideran que las manifestaciones sociales son indebidas e ilegítimas, por tanto, aplican en automático el Código Penal, sin tomar en cuenta los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución. Como conclusión se plantea lo siguiente: la extorsión, un delito que implica la obtención ilegal de dinero, bienes o servicios mediante coerción, sigue siendo un problema social y jurídico importante en todo el mundo. Definida en términos generales, la extorsión puede adoptar muchas formas, que van desde amenazas de daño físico hasta el abuso de poder o autoridad, y puede ser perpetrada por individuos, grupos del crimen organizado o incluso funcionarios públicos corruptos. A medida que las sociedades lidian con las complejidades de la extorsión, comprender su estado actual, evaluar los marcos jurídicos existentes y elaborar recomendaciones específicas son imperativas para mitigar su impacto.