Vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva en las demandas de exoneración de alimentos

• Autor: Antonio Sevilla, Marilyn
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/21944
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/21944
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tutela jurisdiccional--Perú; Juicio de alimentos--Perú; Estado de necesidad--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.