La carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito, el principio de inocencia y el rol del fiscal dentro del Sistema Acusatorio Oral ecuatoriano

• Autor: Astudillo Orellana, Washington Rene
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33103
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/33103
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Prueba (Derecho); Enriquecimiento sin causa--Legislación--Ecuador; Lavado de dinero--Legislación--Ecuador; Corrupción; Procedimiento penal--Ecuador; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presente investigación se centra en determinar si el delito de enriquecimiento ilícito en la legislación ecuatoriana, implica una inversión de la carga de la prueba en el proceso penal. Para ello, se examina el rol de la Fiscalía y el uso de la mínima actividad probatoria como sustento para sancionar a funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción. En este marco, se analizan posturas doctrinarias sobre la teoría de la distribución dinámica de la carga probatoria, así como la naturaleza residual del tipo penal en estudio, a fin de esclarecer el procesamiento de dicho delito garantizando el principio de presunción de inocencia. El objetivo principal es analizar la configuración y distribución de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito dentro del Sistema Acusatorio Oral ecuatoriano, evaluando su impacto sobre el principio de presunción de inocencia y el rol del fiscal, con el propósito de proponer lineamientos jurídicos que garanticen el equilibrio entre los derechos del procesado y la eficacia de la acción penal. La metodología empleada es un análisis dogmático-procesal del artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (2014), utilizando doctrina y jurisprudencia nacional e internacional para contrastar enfoques sobre la inversión de la carga probatoria respecto del delito en estudio. Las conclusiones evidencian que, aunque el servidor público debe rendir cuentas sobre su patrimonio debido a su posición, esto no implica una inversión de la carga de la prueba. La teoría de la carga dinámica permite que el acusado justifique su patrimonio solo en la medida en que la Fiscalía haya presentado pruebas de incremento patrimonial ilícito, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia ni el derecho a la defensa.