Los límites de la ejecutividad del acto administrativo frente a la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo

• Autor: Pittman Susanibar, Hector
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/32613
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/32613
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho administrativo--Legislación--Perú; Procedimiento administrativo--Legislación--Perú; Administración de justicia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo aborda la problemática en la concesión de medidas cautelares en el ámbito del proceso contencioso administrativo que, en un alto porcentaje, son rechazadas por la judicatura pareciera bajo la equívoca premisa de que los actos administrativos emitidos por diversas entidades de la Administración están investidos de una ejecutividad absoluta o cuasi absoluta que, bajo el razonamiento (o prejuicio) judicial, solo puede ser desvirtuada ulteriormente con el pronunciamiento sobre el fondo, lo que resulta sumamente controversial dado que el rechazo injustificado de la medida cautelar al afectado puede ser lesivo incluso con la propia razón de ser de la eficacia de una sentencia en el proceso contencioso administrativo que es, al fin y al cabo, garantizar la oportuna observancia del derecho a la tutela judicial efectiva. En ese escenario, a partir del desarrollo en la legislación y doctrina comparadas, específicamente en Europa, se plantea como alternativa de solución una modificación normativa a la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo en cuanto al esquema de razonamiento judicial al evaluar la concesión de medidas cautelares en este ámbito procesal que implique una mirada distinta a los elementos clásicos desarrollados ampliamente por la doctrina procesal civil del fumus bonis iuris y periculum in mora positivizados en la legislación vigente, considerando a la denominada ponderación de intereses que, bajo un espacio de discrecionalidad regulada, permita al juzgador ponderar entre el interés público que pudiera perseguir tutelar el acto administrativo y el interés particular del administrado afectado con el mismo, teniendo como estándar y parámetro interpretativo, entre otros, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.