Discrepancias en la interpretación jurisprudencial del delito de negociación incompatible, tarea pendiente para el legislador

• Autor: Rodríguez Ojeda, Andrés Fernando
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33418
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/33418
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos de los funcionarios--Perú; Derecho penal--Perú; Conflicto de intereses; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El delito de negociación incompatible, reconocido por ciertos autores como ilícito de gestión desleal en el ámbito de la función pública, destaca como una de las figuras penales de mayor controversia en el sistema penal nacional. Pese al tiempo transcurrido desde sus orígenes, las diversas reformas a la legislación solo se han abocado a endurecer sus consecuencias jurídicas, relegando la necesaria aclaración del alcance y contenido de la conducta materia de reproche, así se han venido suscitando diversas interpretaciones jurisprudenciales que solo han generado mayor inseguridad jurídica. En contraste con otras figuras delictivas, vinculadas a la corrupción de funcionarios con efecto patrimonial directo como la colusión, este ilícito tiene su núcleo en la quiebra de la imparcialidad y la probidad del servidor civil en el ejercicio de la función pública. Esta característica particular del ilícito, ha concitado que tanto la doctrina como la jurisprudencia, se haya centrado en tres puntos de debate recurrente: la naturaleza del tipo penal, calificándolo como delito de peligro abstracto o concreto; la posibilidad de participación de sujetos externos a la función pública (extraneus) y finalmente, su autonomía frente al delito de colusión. Los pronunciamientos advierten divergencias en la interpretación judicial y una alta incidencia procesal de este delito. En este escenario, los recientes proyectos legislativos han intentado precisar su alcance, aunque persisten carencias desde una perspectiva dogmática. Este trabajo propone abordar una reforma integral que redefina el concepto esencial del tipo penal, delimite con mayor claridad el bien jurídico protegido y restrinja la autoría al funcionario intraneus. De esta manera, se busca garantizar una aplicación del tipo penal que sea coherente, respetuosa de los principios constitucionales y orientada a brindar mayor seguridad jurídica.