Informe jurídico sobre la Resolución N°1013-2008/TDC-INDECOPI

Descripción del Articulo

El presente informe analiza críticamente la Resolución N.º 1013-2008/TDC-INDECOPI, emitida en el marco de un procedimiento administrativo sobre la negativa de una aseguradora a cubrir los daños sufridos por un ocupante de un vehículo no asegurado. A partir de esta controversia, se abordan cuatro pro...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Alfaro Valer, Katia Aurora
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/31387
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/31387
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Accidentes de tránsito--Aspectos legales
Protección del consumidor--Jurisprudencia--Perú
Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú
Seguros--Legislación--Perú
Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente informe analiza críticamente la Resolución N.º 1013-2008/TDC-INDECOPI, emitida en el marco de un procedimiento administrativo sobre la negativa de una aseguradora a cubrir los daños sufridos por un ocupante de un vehículo no asegurado. A partir de esta controversia, se abordan cuatro problemas centrales: la habilitación de INDECOPI para modificar criterios previos, la consideración de la jurisprudencia constitucional en la decisión, la suficiencia de la motivación en actos discrecionales y la necesidad de adoptar una interpretación garantista del Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (en adelante, SOAT). Se concluye que, si bien el INDECOPI se encontraba jurídicamente facultado para cambiar su criterio anterior, no lo hizo, desaprovechando la oportunidad de fortalecer la protección a las víctimas. Asimismo, se evidencia una omisión relevante al no incorporar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, lo que afecta la coherencia del sistema jurídico. La resolución carece de una motivación reforzada y no pondera adecuadamente los derechos fundamentales comprometidos. Finalmente, se sostiene que, ante normas abiertas a interpretación, debe preferirse una lectura conforme al principio de protección, propia de un Estado constitucional de derecho. La falta de una propuesta garantista impidió una solución jurídicamente más completa, razonable y coherente con la evolución del derecho administrativo y del derecho de los consumidores en el Perú.
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