Informe Jurídico sobre la Sentencia del Expediente N.° 00008-2024-PI/TC

• Autor: Tello Torres, Omar Jamil
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33372
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/33372
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Buena fe (Derecho); Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia; Derecho de propiedad--Jurisprudencia; Cosa juzgada--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico tiene por finalidad analizar la Sentencia del Expediente N.° 00008-2024-PI/TC, emitida por el Tribunal Constitucional. Esta decisión resuelve la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Defensoría del Pueblo, en contra del Decreto Legislativo N.° 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, debido a presuntas vulneraciones a los derechos de propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de irretroactividad de las normas y de seguridad jurídica. Las consecuencias de la sentencia dejaron sin efecto la amplitud del ámbito de aplicación y la intemporalidad de la acción al declararlas inconstitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia interpretativa que incidió en otros aspectos del proceso como su naturaleza, la firmeza de sus sentencias, la introducción de conceptos de la dogmática penal como la presunción de inocencia y el estándar probatorio más allá de toda duda razonable, además de la eliminación de la buena fe cualificada. En consecuencia, se realizó el análisis teniendo en cuenta el fin político criminal de la extinción de dominio, lo cual no significa que sea un proceso penal, como pretende la sentencia, sino un proceso único y especial (sui generis) del ordenamiento. Este proceso busca esclarecer la condición de licitud de la relación patrimonial entre el requerido y los bienes que son demandados por su presunta vinculación con el crimen. En ese sentido, se evalúan las incompatibilidades que darían lugar en el proceso si se somete equivocadamente al derecho penal, tales como su eficiencia, el respeto a los valores constitucionales de la propiedad honesta y legal, y las garantías procesales acordes a su materia de juzgamiento: el patrimonio delictivo.