Informe Jurídico sobre la sentencia de casación Nro. 1877-2021/Lima (Caso Walter Estrada y otros)

• Autor: Valderrama Norabuena, Brenda Slayana
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30376
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30376
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos de los funcionarios--Jurisprudencia--Perú; Administración pública--Delitos--Perú; Derecho penal--Jurisprudencia--Perú; Prueba penal--Jurisprudencia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo del presente informe jurídico es analizar la sentencia de Casación N.º 1877-2021/Lima, la cual establece criterios jurisprudenciales en materia de delitos contra la Administración Pública (DAP). En particular, se desarrollan aspectos complejos y debatibles respecto a la configuración del delito de negociación incompatible en el Perú. Lo mencionado, permite realizar una investigación sobre la interpretación adecuada del elemento “interés indebido” en el funcionario o servidor público. Teniendo en cuenta que debido a su amplitud o falta de especificación en la redacción legal se cataloga como indeterminado. De igual manera, el criterio jurisprudencial adoptado fomenta un análisis en torno a los aspectos de la adjudicación que denotan interés indebido de parte del funcionario así como criterios de valoración probatoria que se deben aplicar para acreditar la existencia del interés indebido. A ello se añade el estudio de la relevancia penal que tiene una opinión emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en la cual se avala un proceso de contratación cuestionable en materia de corrupción de funcionarios. A tal efecto, se utiliza el método de investigación dogmático-jurídico para examinar la clasificación, los elementos y criterios vinculados al ilícito del art. 399 del CP. Para lo cual se han considerado diversos instrumentos jurídicos tales como la Constitución, el Código Penal Peruano (CP), el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), doctrina académica y jurisprudencia relevante.