El impacto de la tecnología en el derecho a la prueba en el proceso penal: desafíos y perspectivas en la era digital

• Autor: Quispe Palma, Elizabeth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30200
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30200
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tecnología y derecho; Derecho procesal penal--Perú; Prueba (Derecho)--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El análisis aborda cómo la tecnología está transformando el derecho a la prueba en los procesos penales, enfocándose en los retos que surgen debido a la falta de una regulación específica para gestionar las pruebas en entornos judiciales virtuales. Esta carencia normativa plantea riesgos importantes, ya que puede comprometer principios básicos como la autenticidad, integridad y validez de la evidencia presentada mediante herramientas tecnológicas. El problema central gira en torno a si la ausencia de reglas claras afecta el ejercicio del derecho a la prueba en los juicios orales virtuales. Las hipótesis plantean que esta situación modifica de manera significativa la forma en que se ofrecen, admiten y valoran las pruebas, lo que, a su vez, puede vulnerar los derechos fundamentales de las partes implicadas. En este contexto, se destacan como marcos normativos esenciales los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva, junto con los estándares relacionados con la autenticidad y la cadena de custodia de la evidencia digital. Las conclusiones apuntan a la necesidad urgente de desarrollar protocolos específicos para regular la actuación probatoria en entornos virtuales. Esto incluye establecer estándares sólidos para garantizar la fiabilidad de la evidencia digital y capacitar a los operadores jurídicos en el manejo de estas herramientas. Este enfoque busca integrar los avances tecnológicos al sistema penal, asegurando la equidad y la protección de los derechos fundamentales en los procesos judiciales.