Informe sobre Expediente 2269-2012-CCL “Inversiones Esparza Triveño S.A.C. vs. Municipalidad Distrital de Jesús María”

• Autor: Díaz Anderson, Raúl Ernesto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/22967
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/22967
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Arbitraje comercial--Jurisprudencia--Perú; Arrendamiento--Perú; Contratos comerciales--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El informe aborda los aspectos legales del arbitraje entre Inversiones Esparza Triveño S.A.C. (“Inversiones Esparza”) y la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM), donde se discute la validez de dos adendas modificatorias del contrato de arrendamiento de un bien público de dominio privado, acto regulado tanto a nivel sectorial como municipal. La selección de este expediente se ha encontrado jurídicamente relevante por generar una discusión que contrapone instituciones del Derecho Civil tales como acto jurídico, contratos, derechos reales y obligaciones, frente a los principios que informan los procedimientos y actos del Derecho Administrativo. También las diferencias de regulaciones vinculadas (Contrataciones con el Estado con Derecho Municipal) y normativa elemental como es el Derecho Constitucional, todo ello enmarcado en el Arbitraje. En este contexto, la decisión del árbitro único como mediador de estos intereses contrapuestos permite apreciar que el punto central y determinante para solucionar esta disputa es definir la rama pertinente del Derecho cuyas reglas se aplican en la estimación del caso. Para lograr este objetivo se toman en cuenta las particulares circunstancias del arrendamiento, que, si bien es un contrato típico del Derecho Civil, tiene en esta ocasión elementos esenciales, subjetivos y objetivos, que obligan a ver este acto con otros ojos y percibir (como finalmente lo hizo el Árbitro Único) que corresponde un análisis más afín con el Derecho Administrativo. Si bien compartimos la decisión adoptada, vemos por conveniente aportar argumentos adicionales, para lo cual se revisa la particular regulación de los bienes estatales y se exploran las bases constitucionales de la autonomía municipal, con lo cual consideramos se refuerza la diferencia con el criterio voluntarista del Derecho Civil, que en nuestra opinión no proporciona una línea de argumentación, y, por ende, tampoco un fallo consistente. Como punto aparte se anotan incidencias en el proceso de arbitraje producto de cambios normativos.