Informe sobre expediente de relevancia jurídica N° 563-2015/CC1, denuncia contra Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C. – Clínica “El Golf” por Paola Vanessa Borgoño Salazar

• Autor: Nalvarte Cuzcano, Dessiré Raphaella
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/21249
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/21249
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Debido proceso--Perú; Aborto terapéutico; Mujeres--Discriminación; Clínicas--Perú--Lima; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación desarrolla un caso denunciado en el año 2015 ante el INDECOPI debido a que una clínica no habría tramitado correctamente una solicitud de aborto terapéutico y porque habría discriminado por razones de género a la solicitante. En ese sentido, en primer lugar, se analizará el procedimiento llevado a cabo por el INDECOPI y advertir si en la resolución del caso, se vulneraron principios del procedimiento administrativo; en segundo lugar, se analizará si jurídicamente, en nuestro país, existe la obligatoriedad de evaluar la salud mental de la gestante y qué deberá entenderse como “evitar un mal grave y permanente a la salud” en el marco de un aborto terapéutico. Y finalmente, determinar el alcance de la discriminación por razones de género en el ámbito mercantil y si es que la clínica a través del personal médico utilizó estereotipos de género al negar el servicio solicitado que ameritaba el estadio médico de la gestante. Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta que el presente caso nos permite evaluar posibles sesgos y perjuicios de género en el tratamiento de las solicitudes de aborto terapéutico y otros procedimientos relacionados con este, vislumbrando la falta de capacidad que ha tenido el Estado, primero, para fiscalizar el real cumplimiento de los protocolos establecidos con relación al aborto terapéutico desde el 2014, por parte de los establecimientos privados y públicos del sector salud. Y segundo, para proceder a la persecución de una falta administrativa sin revictimización de la persona agraviada.