Informe jurídico sobre la Resolución Nº34, de fecha 12 de mayo de 2025, contenida en el Expediente Nº00028-2017-58-5001-JR-PE-01 (caso Alpha Consult S.A.)

• Autor: Arellano Vela, Anggie Nicolle
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33044
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/33044
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad penal de personas jurídicas--Perú; Lavado de dinero--Jurisprudencia--Perú; Crimen organizado; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El presente informe examina la Resolución N.° 34, emitida el 12 de mayo de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, en el Caso Alpha Consult S.A., primer precedente peruano que aplica directamente la Ley N.º 30424 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso se vincula al Proyecto IIRSA Sur – Tramo 2 y al esquema de corrupción de Odebrecht, atribuyéndose a Alpha Consult S.A. operaciones de lavado de activos mediante préstamos ficticios por más de US$ 398,000 y S/ 2 millones, así como una carta fianza por US$ 100,000, presuntamente gestionados por su directivo Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. El estudio se sustenta en la Ley N.º 30424, el Decreto Legislativo N.º 1106 y estándares internacionales como GAFI, OCDE e ISO 37001, entre otros. A partir de ello, se identifican tres problemas centrales: la suficiencia de la imputación penal contra la persona jurídica; los parámetros para evaluar Modelos de Prevención de Delitos; y la distinción entre responsabilidad penal de la persona jurídica y consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal. El análisis evidencia deficiencias relevantes en la sentencia: ausencia de delimitación clara entre conducta individual y corporativa, falta de acreditación del beneficio empresarial exigido por ley, insuficiente análisis temporal para su aplicación y ausencia de una evaluación técnica del modelo de prevención. Estos vacíos muestran la necesidad de criterios jurisprudenciales más precisos para fortalecer la responsabilidad penal empresarial en el Perú.