Informe Jurídico sobre la sentencia del expediente N° 01641-2015-93-0501-JR-PE-01

• Autor: Mendoza Maldonado, Elizabeth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/20074
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/20074
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Violencia contra la mujer--Legislación--Perú; Violencia sexual--Perú; Homicidio--Perú; Género--Investigaciones; Derechos humanos--Violación--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico realiza un análisis cualitativo respecto a las actuaciones de los operadores de justicia en la recepeción de la denuncia, investigación y enjuiciamento a Adriano Pozo, en su calidad de autor de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual, en agravio de Arlette Contreras. A través del uso de parámetros internacionales y normativa nacional e internacional, se demuestra que las actuaciones de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se alejaron de los estándares establecidos para el tratamiento, investigación y sanción en casos de violencia de género. El tratamiento negligente de las autoridades estatales conllevó a la vulneración de diversos de derechos de Arlette Contreras. Entre ellos, se encuentra la vulneración del derecho a la vida libre de violencia, integridad personal, seguridad personal, igualdad de protección ante la ley y de la ley, y acceso a la justicia. La vulneración sistemática de estos derechos y la falta de protección, salvaguarda y resarcimiento de la víctima constituyeron, desde el Estado peruano, una actuación de violencia institucional que sometió a Arlette Contreras a un proceso de revictimización. Dicha situación fundamenta la responsabilidad internacional del Estado peruano frente a una eventual petición por Arlette Contreras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el posterior sometimiento de la petición ante la Corte IDH. No obstante, esta no sería aceptada y sería declarada inadmisible por haber transcurrido el plazo normado.