Informe jurídico sobre la Sentencia Habitantes de La Oroya vs. Perú : Análisis de la responsabilidad internacional del Estado peruano frente a la inadecuada regulación de las medidas de prevención de buen gobierno corporativo que deben implementar las empresas para evitar violaciones a los derechos humanos, en perjuicio de los 80 habitantes de La Oroya (arts. 4, 5, 19, 24 y 26 a la luz de los arts. 1.1 y 2 de la CADH)

• Autor: Gamarra Soncco, Nicolle Andrea
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30058
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30058
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sociedades mineras--Perú--La Oroya (Junín : Distrito); Gobierno corporativo--Perú--La Oroya (Junín : Distrito); Derechos humanos--Perú--La Oroya (Junín : Distrito); Pueblos indígenas--Relaciones gubernamentales--Perú--La Oroya (Junín : Distrito); https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Este informe analizará los aspectos de Compliance abordados en la Sentencia Habitantes de La Oroya Vs. Perú, la cual es una de las pocas sentencias del Sistema Interamericano en las que se tratan las medidas de prevención de buen gobierno corporativo exigibles a las empresas para garantizar los derechos humanos. Con dicha finalidad, se determinará si Perú, en perjuicio de 80 pobladores de La Oroya, violó su deber de regulación al adaptar de forma inadecuada sus disposiciones internas al estándar interamericano exigible sobre las medidas de prevención de buen gobierno corporativo que las empresas (como Doe Run Perú S.R.L. y otras que operaron en el Centro Metalúrgico de La Oroya) deben implementar para evitar violaciones a los derechos humanos (arts. 4, 5, 19, 24 y 26 a la luz de los arts. 1.1 y 2 de la CADH). Para lo cual, se elaborará un estándar, conformado por disposiciones de la Convención Americana, interpretadas a la luz de sentencias de la Corte Interamericana. Se concluirá el informe exponiendo que Perú violó dicho deber, pues, desde 1981 a junio de 2021, no contaba con una regulación que exija a las empresas implementar medidas de prevención de buen gobierno corporativo para garantizar los derechos humanos. Y, desde dicha fecha a 2023, contó con una regulación que no cumplía con los estándares interamericanos exigibles. Finalmente, se expondrá que, si bien esta autora está de acuerdo con las medidas de prevención de buen gobierno corporativo exigibles a las empresas, establecidas por la Corte Interamericana; estas pueden ser complementadas con otras medidas, derivadas de la interpretación de instrumentos de la Organización Internacional de Normalización y otros, de forma que se establezca un estándar más completo.