Informe jurídico sobre la Sentencia No. 778/2020 recaída en el Expediente No. 00002- 2020-CC/TC

• Autor: Corrales Cervantes, Daniela Isabel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/31493
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/31493
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Vizcarra, Martín, 1963-; Relaciones Ejecutivo-Legislativo--Perú; Presidencialismo--Aspectos morales y éticos--Perú; Derecho constitucional--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico evalúa si en la sentencia del Tribunal Constitucional N.º 778/2020 se debió declarar procedente y fundada, la demanda competencial presentada por el poder Ejecutivo contra el Legislativo, tras la admisión a trámite de la moción de vacancia N.º 12090 por incapacidad moral permanente contra el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra. Entre los instrumentos normativos empleados figuran la Constitución Política del Perú, el Nuevo Código Procesal Constitucional, el Reglamento del Congreso, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y doctrina especializada en materia constitucional. Asimismo, se alude a estándares contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos enunciados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia enfocados en los efectos de la aplicación de la vacancia por la causal en mención en la estabilidad política e institucional del país. En síntesis, la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Congreso debió declararse procedente y fundada porque i) el Tribunal Constitucional se encontraba facultado y tenía la obligación de pronunciarse sobre el fondo de la controversia pese a la sustracción de la materia, ii) se cumplieron los requisitos de legitimidad y dimensión constitucional que determinan la procedencia de una demanda competencial y iii) la causal de incapacidad moral permanente padece de una falta de claridad y objetividad normativa, lo que genera que su utilización vulnere principios constitucionales vinculados al debido proceso y al equilibrio de poderes.