Criterios de interpretación jurídica para la suspensión de patria potestad en la CSJ Lima sur 2022.

• Autores: Gaona Mendoza, Luis Gerardo, Bolivar Medina, Stephani Milagros
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Autónoma de Ica
• Repositorio: AUTONOMADEICA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.autonomadeica.edu.pe:20.500.14441/3082
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14441/3082
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criterio; Interpretacion juridica; Patria potestad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El estudio analiza los criterios de interpretación jurídica utilizados en la suspensión de la patria potestad en la Corte Superior de Justicia de Lima-Sur en el 2022, buscando identificar los fundamentos jurídicos y sociales que garanticen el interés superior del menor. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, básico y nivel descriptivo, utilizando un diseño de estudio de caso con una perspectiva sociojurídica. La población estuvo compuesta por jueces de los Juzgados de Familia y del Letrado de Lima-Sur, seleccionándose una muestra de seis jueces mediante muestreo intencional. Se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada con una guía diseñada para recoger información sobre los criterios legales utilizados en la suspensión de la patria potestad. Los resultados mostraron que las decisiones de los jueces se basan en la normativa nacional, como el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes, priorizando el interés superior del menor. Los criterios utilizados incluyen medidas cautelares para proteger al menor en situaciones de riesgo, como abuso o abandono, y sanciones en casos de violencia o privación de la libertad parental. También se integran evaluaciones sociales y psicológicas elaboradas por equipos interdisciplinarios, fortaleciendo la argumentación jurídica. Se concluye que la suspensión de la patria potestad tiene carácter preventivo y tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar del menor en contextos familiares conflictivos. Esta medida refleja los avances logrados en la articulación entre la jurisdicción penal y civil, contribuyendo a un sistema judicial más eficiente y sensible a las necesidades de los menores.