El autor considera que la interminable discusión académica respecto a la autonomía del delito de lavado de activos se ha centrado en posturas extremas, confundiendo así al operador jurídico. Asimismo, considera que hay formas de compatibilizar ambas posturas (extremas) teniendo en cuenta la eficacia de la administración de justicia y las garantías penales, procesales y constitucionales. En ese sentido, desarrolla su postura intermedia a partir de dos principios constitucionales:el principio de legalidad y el principio de imputación necesaria.