En la actualidad, el Principio de Oportunidad ha sido muy poco valorado como mecanismo de política criminal, en la medida que autoriza al Ministerio Publico que ante determinados delitos que no revistan esencial gravedad, a promover el sobreseimiento, basados en razones como la escasa lesión social y la posibilidad de reparación del daño causado. En razón de ello, su aplicación en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar dentro la Incoación al Proceso inmediato, resulta ser eficaz; ya que aparece como una forma de brindar solución frente a este tipo de conflictos, donde la intervención del Estado resulta ser mínima, puesto que, al ser considerado como un delito de bagatela, se deja a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo a fin de lograr su pronta resolución.