En el momento histórico que atravesaba el Perú, a raíz de la crisis política del año 2000, se dió prioridad a la necesidad de reconstruir la confianza de la población en sus instituciones electorales con el fin de asegurar un gobierno legítimo, proveniente de un proceso electoral verdaderamente democrático. Ello dió lugar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pusiera énfasis en la actividad de fiscalización y a que se asignara una suma presupuestal importante para esta actividad.