El efecto que se produce por el incumplimiento de las sentencias afecta derechos constitucionales que hunden sus raíces en convenciones, pactos o tratados sobre derechos humanos. La ejecución de las resoluciones judiciales está contenida dentro de lo que la doctrina constitucional y de derechos humanos llama: la tutela jurisdiccional efectiva, que está contemplada en el artículo 139°, numeral 3 de la Constitución del Perú de 1993 y que garantiza que lo ordenado por un juez en una sentencia se cumpla en el tiempo oportuno, no debiendo existir dilaciones indebidas y que el órgano jurisdiccional realice todas las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento.