El Decreto Legislativo N. 1384, promulgado en 2018, buscó adecuar la legislación peruana a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en ese proceso se derogaron los artículos 1975 y 1976 del Código Civil. El primero establecía la responsabilidad del menor con discernimiento y la solidaridad del representante legal; el segundo atribuía directamente esta obligación al representante cuando no existía discernimiento. Su derogación generó un vacío normativo que ha debilitado la posición de la víctima, pues actualmente no existe una disposición expresa que determine quién debe responder civilmente por los actos de los menores. Ante esta problemática, la presente investigación se propone analizar la figura de la responsabilidad civil en el contexto peruano, enfocándose específicamente en el régimen aplicable a los actos cometidos por me...