Nuestra labor en el quehacer jurisdiccional nos ha permitido conocer, desde una tribuna privilegiada pero de gran responsabilidad, las vicisitudes que se presentan al momento de aplicar la ley; la que en muchos casos, como parte de la política criminal implementada por el legislador para contrarrestar la criminalidad acentuada en el país, se torna acertada, pero en otras, muy excesiva, hasta distante con los designios constitucionales que deben encaminar nuestra política de punición. Centra nuestra atención, la forma cómo en el distrito judicial de Chiclayo se viene sancionando el acto sexual practicado con una menor cuya edad oscila entre los 13 años de edad y menos de 14, puntualmente en aquellos casos en los que el acto sexual, en principio punible, forma parte de un querer propio y socialmente aceptado por el grupo humano al que, dentro de un plano de pluriculturalidad, el suj...