La inversión privada impulsa el desarrollo económico de los países, pero estos deben tener instituciones fuertes y reglas de juego claras: existe una correlación entre calidad de vida, facilidades de inversión e institucionalidad. El sistema de justicia es crítico, y su corrupción e ineficiencia impiden alcanzar los niveles ideales de libertad económica. Para revertir esto, es necesario construir una institución judicial transparente que garantice un marco legal coherente y estable, con autonomía financiera y una ejecución eficiente de los recursos.