La constitución peruana protege al sujeto pasivo del delito, estableciendo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado; sin embargo, se ha consignado como facultad del ministerio público, el tutelar la reparación del daño causado al agraviado, medida que no es perjudicial, si se cumpliría con la respectiva fundamentación de la reparación al momento de solicitar al juzgador, aunando a ello existe criterios jurisdiccionales basados en las condiciones personales del agresor para cuantificar la reparación, el mismo que es aplicado por el juzgador al dictar la correspondiente sentencia. La presente investigación propone la intervención del derecho penal en la reparación civil del daño causado a la víctima del delito, realizando una inversión en la determinación de la pena, en concordancia con los principios y no...