Es de conocimiento de la comunidad jurídica, que el derecho de defensa y al debido proceso, se encuentran regulados en nuestra Carta Magna, y en virtud a ello, nuestro ordenamiento procesal civil ha previsto que ninguna de las partes en litigio quede en estado de indefensión y se le niegue el derecho de contradecir lo expuesto en la demanda. En efecto, la curaduría procesal es una institución del derecho procesal que tiene como finalidad cautelar la defensa del demandado ausente a fin de que no se vulnere su derecho de defensa y debido proceso, siendo el caso, que esta defensa debe ser ejercida con arreglo a ley, procurando emplear todos los mecanismos de defensa que la ley prevé. Asimismo, esta institución del derecho procesal en la praxis judicial se origina cuando un demandado se encuentra ausente del proceso, desconociendo el trámite del mismo y siendo imposible su ubicación ...

La investigación busca cotejar si las medidas de protección son ineficaces para su fin dado, ya que en la realidad estas son desacatadas muchas veces por los agresores de violencia familiar, consumándose así el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. En tal sentido, es idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto frente a estos casos, la aplicación de la prisión preventiva, toda vez que la actitud negativa del agente genera una convicción de que otra medida cautelar diferente a la mencionada será burlada como lo son las medidas de protección. Sin embargo, el agente al incumplir las medidas de protección genera un problema jurídico, ya que origina un concurso aparente de leyes entre dos normas penales: 122-B y 368 del Código Penal. La investigación se origina planteándose el siguiente Problema: ¿Qué relación existe entre la aplicación de la prisió...

It is common for judges to find ourselves in situations where there are regulatory gaps, understanding these as situations not carefully contemplated in our legal system. In fact, the topic we present deals with an aspect to which the Civil Code does not provide a proper conceptualization, and, therefore, forces judges to make a biased interpretation —many times— of what the legislator wanted to imply. In this sense, in this normative analysis there are different interpretations that we give to the ‘successful study’ within the judiciary, which means that justice is not predictable in a uniform way at the national level. Thus, this study seeks to shed light on interpretation for the judiciary, a background for future research, and legal culture for lawyers, law students, and the public.