El derecho penal como mecanismo de control social ha permitido regular la conducta humana con la creación de normas jurídicas que han servido como mecanismo de coerción, buscando reprochar al agente su conducta por las consecuencias del delito cometido, materializado con el cumplimiento de una pena aplicable y la obligación de reparar el daño y los perjuicios causados, lo que conocemos como “reparación civil”. Si bien nuestro código penal le ha dado un carácter coactivo al comprender la restitución del bien, el pago de su valor o la indemnización por daños y perjuicios, en nuestro sistema de justicia, se han presentado problemas para su cumplimiento, debido a la “insolvencia” de los autores del ilícito.