Ante la aplicación de la ley 30077 que sancionaba las actuaciones mineras como crimen organizado si es que no estaban adscritas al REINFO y la deserción de letrados a raíz del contexto pandémico en el estudio jurídico, la gerencia, por impulso de abogados administrativistas, flexibilizó un cambio en la estructura orgánica de la empresa generando un staff jurídico administrativo, es decir, un área de consultoría de derecho administrativo minero que encauzó las solicitudes de incoación de procedimiento administrativo por parte de empresarios mineros artesanales o de pequeña minería. El presente trabajo de suficiencia, por ello, explicita cómo la aplicación de tales medidas jurídicas-empresariales impulsó la cuantía en el número de asesoría, la adecuación a la legalidad de las empresas mencionadas y el incremento de la productividad y el patrimonio de esta.