Los obstáculos económicos para el inicio de causas sobre derecho del consumidor constituyen un factor que en ciertos casos pueden derivar en contradicción con el principio de acceso a la justicia. Como correlato de su esencia protectoria en el derecho de fondo, el régimen procesal de consumidores y usuarios debe contribuir a derribar esos impedimentos y ser propiciador de la actuación judicial en consumo, estableciendo el principio de gratuidad irrestricta, a la par de los parámetros necesarios para su implementación responsable.